La cárcel en América Latina es el único destino que tiene el transgresor a la Ley y es el elemento principal del populismo penal imperante. En nuestra sociedad se ha instalado con mucha fuerza la necesidad del castigo al ofensor mediante la imposición de una pena extrema (la cárcel) y el escarmiento que le brinda la sociedad al ofensor a través de las inhumanas políticas carcelarias.
Para nadie es desconocida la situación violatoria de los derechos humanos que existe en el sistema carcelario, deducido del falso prejuicio de que el ofensor no tiene ni debe tener derechos, debido a que se ha instalado la visión unilateral del derecho de la víctima. De allí que en la región veamos con mucha preocupación el crecimiento impresionante de los presupuestos para la policía y la justicia, propios de la mano dura, y prácticamente ninguno para las cárceles.
Por eso no es nada raro que estemos viviendo una crisis importante del sistema carcelario en la Latinoamérica, cuyo componente más significativo es la lógica penal existente. Como consecuencia de ella se tiene un impresionante crecimiento del número internos en los presidios debido al incremento del número de delitos tipificados legalmente, al aumento de las penas (hasta la cadena perpetua), a la extensión de la edad en la imputabilidad penal hacia menores de edad, a la privatización de los reclusorios, así como a un desempeño institucional que penaliza en vez de prevenir, y a un sistema carcelario diseñado bajo la modalidad comúnmente conocida de la puerta giratoria, que nunca termina por rehabilitar a los internos y que convierte a la cárcel en un epicentro con el cual tiene una relación centrípeta. . En este contexto, no debe llamar la atención la existencia de unas políticas carcelarias inadecuadas que conducen al hacinamiento, a la presencia mayoritaria de presos sin sentencia en firme, a la carencia de políticas de salud y a la mala alimentación de los reclusos, a la formación de mercados ilegales y a los amotinamientos recurrentes, entre otros.
Como resultado de esta situación, la cárcel se ha convertido en un depósito inhumano de personas a la que nadie interesa y cuando hay el interés es para que el escarmiento sea mayor. De allí que uno de los temas de política de seguridad ciudadana más importante sea el de posicionar el tema, visibilizarlo y redefinirlo. Más aún, si la sociedad está en una encrucijada marcada por la necesidad de escoger entre el mal menor y el mayor, a sabiendas que la opción de la cárcel es la peor; tan es así que ya es un lugar común escuchar que el presidio es la universidad del delito y sin embargo, seguimos hacinándola con nuevos internos.
Se eliminó, en la realidad, el derecho que tiene el delincuente, mucho más si la violencia que produce está dentro de la llamada “criminalización del delito marginal”, cometida por un joven, un migrante, un pobre o un afro descendiente. Si es así se merece el peor castigo: extirparlo de la sociedad con el calificativo de antisocial y recluirlo en el peor presidio. En otras palabras, se produce la estigmatización de la cárcel y del delincuente para que el castigo sea mayor, produciendo el extrañamiento o confinamiento del marginal en las peores mazmorras que uno pueda imaginarse; convirtiéndolos en dos caras de la misma moneda.
Como ese castigo no es suficiente, a los ofensores se les quita la voz, incluso, dentro de los procesos de investigación conducentes a la explicación del conflicto que produce el delito; así tenemos, que la información y el dato que se recoge para “conocer” la violencia existe una alta dependencia hacia dos instrumentos: por un lado, el registro de las denuncias (instituciones), que expresan a criminalidad aparente y por otro, las encuestas de victimización (víctimas) que buscan la criminalidad real y sus contextos. Sin embargo, siempre se deja de lado la opinión de los ofensores, lo cual no permite conocer las causas últimas que les lleva a cometer los delitos y cuando se recurre a esta fuente se lo hace con el fin de obtener información para inculpar al victimario del delito cometido.
En otras palabras, la cárcel y el ofensor son parte de la ecuación que expresa el derecho de la víctima y no del victimario, cuestión que se construye a partir de una agenda pública que se transforma en política pública.
Para nadie es desconocida la situación violatoria de los derechos humanos que existe en el sistema carcelario, deducido del falso prejuicio de que el ofensor no tiene ni debe tener derechos, debido a que se ha instalado la visión unilateral del derecho de la víctima. De allí que en la región veamos con mucha preocupación el crecimiento impresionante de los presupuestos para la policía y la justicia, propios de la mano dura, y prácticamente ninguno para las cárceles.Por eso no es nada raro que estemos viviendo una crisis importante del sistema carcelario en la Latinoamérica, cuyo componente más significativo es la lógica penal existente. Como consecuencia de ella se tiene un impresionante crecimiento del número internos en los presidios debido al incremento del número de delitos tipificados legalmente, al aumento de las penas (hasta la cadena perpetua), a la extensión de la edad en la imputabilidad penal hacia menores de edad, a la privatización de los reclusorios, así como a un desempeño institucional que penaliza en vez de prevenir, y a un sistema carcelario diseñado bajo la modalidad comúnmente conocida de la puerta giratoria, que nunca termina por rehabilitar a los internos y que convierte a la cárcel en un epicentro con el cual tiene una relación centrípeta. . En este contexto, no debe llamar la atención la existencia de unas políticas carcelarias inadecuadas que conducen al hacinamiento, a la presencia mayoritaria de presos sin sentencia en firme, a la carencia de políticas de salud y a la mala alimentación de los reclusos, a la formación de mercados ilegales y a los amotinamientos recurrentes, entre otros.
Como resultado de esta situación, la cárcel se ha convertido en un depósito inhumano de personas a la que nadie interesa y cuando hay el interés es para que el escarmiento sea mayor. De allí que uno de los temas de política de seguridad ciudadana más importante sea el de posicionar el tema, visibilizarlo y redefinirlo. Más aún, si la sociedad está en una encrucijada marcada por la necesidad de escoger entre el mal menor y el mayor, a sabiendas que la opción de la cárcel es la peor; tan es así que ya es un lugar común escuchar que el presidio es la universidad del delito y sin embargo, seguimos hacinándola con nuevos internos.
Se eliminó, en la realidad, el derecho que tiene el delincuente, mucho más si la violencia que produce está dentro de la llamada “criminalización del delito marginal”, cometida por un joven, un migrante, un pobre o un afro descendiente. Si es así se merece el peor castigo: extirparlo de la sociedad con el calificativo de antisocial y recluirlo en el peor presidio. En otras palabras, se produce la estigmatización de la cárcel y del delincuente para que el castigo sea mayor, produciendo el extrañamiento o confinamiento del marginal en las peores mazmorras que uno pueda imaginarse; convirtiéndolos en dos caras de la misma moneda.
Como ese castigo no es suficiente, a los ofensores se les quita la voz, incluso, dentro de los procesos de investigación conducentes a la explicación del conflicto que produce el delito; así tenemos, que la información y el dato que se recoge para “conocer” la violencia existe una alta dependencia hacia dos instrumentos: por un lado, el registro de las denuncias (instituciones), que expresan a criminalidad aparente y por otro, las encuestas de victimización (víctimas) que buscan la criminalidad real y sus contextos. Sin embargo, siempre se deja de lado la opinión de los ofensores, lo cual no permite conocer las causas últimas que les lleva a cometer los delitos y cuando se recurre a esta fuente se lo hace con el fin de obtener información para inculpar al victimario del delito cometido.
En otras palabras, la cárcel y el ofensor son parte de la ecuación que expresa el derecho de la víctima y no del victimario, cuestión que se construye a partir de una agenda pública que se transforma en política pública.
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